jueves, 4 de septiembre de 2014

La prensa da por concluído el proceso de investigación de la ertzainza a raíz de la muerte de iñigo cabacas:

El diario "el correo" en una nueva publinoticia da por culminados los cambios en la Ertzantza tras el asesinato de Iñigo Cabacas. Sin comentarios...


Para acceder a la noticia pincha aquí

La Audiencia de Barcelona no descarta que la bala de goma contra Quintana fuera intencionada

Nueva resolución judicial en busca de averiguar la verdad del caso Ester Quintana. La sección décima de la Audiencia de Barcelona ha emitido un auto donde estima el recurso de la acusación particular de la vecina de la Verneda que perdió un ojo el 14 de noviembre de 2012, y acuerda que el delito imputable a los dos antidisturbios acusados del disparo de bala de goma no debe circunscribirse a una lesión imprudente, sino que podría haber sido una lesión dolosa con pérdida de órgano principal o, en otras palabras, no se descarta que la actuación fuera intencionada. Este matiz jurídico tiene una gran relevancia en el caso, ya que las penas se podrían incrementar hasta una horquilla de entre seis y doce años de prisión para el subinspector con número de placa 3772 y para el escopetero con TIP 14211 . Las tres juezas de esta sección de la Audiencia creen que circunscribir el delito dentro del marco de una imprudencia sería prematuro y no permitiría que durante la vista oral se pudiera determinar con claridad cómo y por qué se disparó contra Ester Quintana. 

Con esta decisión se deniega el argumentario planteado por el abogado de la Generalitat, y durante el juicio se dilucidará si los policías eran conscientes de la grave lesión que podían provocar antes de ordenar disparar y pulsar el gatillo, respectivamente. Lo que sí se considera plenamente contrastado a partir de la labor de investigación que ha hecho el juzgado de instrucción 11 de Barcelona, ​​es que el objeto que impactó contra Quintana fue una bala de goma y que fue disparada por un agente los Mossos. 

Con este auto, el máximo órgano judicial catalán da un paso más allá en la determinación de las responsabilidades penales del caso, y pone más difícil la tesis exculpatoria defendida aún a día de hoy por el Departamento de Interior. Cabe recordar pero que Manel Prat, el Director General de la Policía el día que Quintana fue herida, abandonó su cargo hace tres meses debido al desgaste de su imagen como consecuencia de la mala gestión del grave incidente, y también por el caso de la muerte de Juan Andrés Benítez. Felip Puig, sin embargo, se mantiene como consejero del gobierno de Artur Mas



Sindicatos de periodistas denuncian constante acoso y violencia policial “para que no registren lo que está sucediendo”:

Un nuevo informe elaborado por la Red de Medios Comunitarios (ReMC) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) alerta de que cada vez son más las dificultades que los profesionales de los medios de comunicación están encontrando en nuestro país para desempeñar su trabajo durante las protestas ciudadanas, “debido a la actuación de algunos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de policías autonómicas”.
Los profesionales más afectados, según indican las organizaciones, suelen ser los los periodistas “freelances” y los fotoperiodistas pertenecientes a medios independientes, y colaboradores de publicaciones y emisoras comunitarias sin ánimo de lucro, de los que se han registrado numerosas agresiones y detenciones, que “han sido reiteradas e incluso han ido en aumento”.

Las agresiones “se producen principalmente en momentos en los que los periodistas registran la actuación de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y de policías autonómicas, realizando detenciones o cargas contra los manifestantes”, con el objetivo de “evitar que registren lo que está sucediendo y no pueda difundirse posteriormente”.
Es más, según el documento, los agentes son conscientes de que se dirigen contra periodistas, ya que previamente se han identificado como prensa y llevan visibles sus distintivos y equipos de captación de imagen, y según un comunicado previo de ReMC y FeSP, también se ha producido “la reiterada detención de periodistas y otros comunicadores, incluso acudiendo a sus domicilios para trasladarlos a comisaría”.
Caso omiso del Gobierno a los informes y avisos previos:
El informe hace mención a los estudios previos que otras organizaciones han llevado a cabo sobre los ataques a los periodistas en España y que el Gobierno no ha tenido en cuenta.
Tal es el caso del documento elaborado en 2013 por la Coordinadora de Prevención de la Tortura, en el que se recogían 17 casos de agresiones a profesionales de la comunicación, “que van desde incautación de fotografías hasta detenciones bajo falsas acusaciones”.
También la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha hecho varios llamamientos a las autoridades españolas para que “protejan adecuadamente y mejoren la seguridad de los periodistas que informan sobre manifestaciones, así como que se investiguen a fondo dichos ataques”, ya que “han de ser tratados como ataques directos a la libertad de expresión”. Sin embargo, estos avisos han sido ignorados y “se han seguido produciendo agresiones e incluso detenciones de periodistas”.
Además, España ha ignorado la Resolución 21/12 sobre Seguridad de los Periodistas adoptada por el Consejo de Derechos Humanos, en la que “expresa su preocupación por el hecho de que los atentados contra periodistas queden frecuentemente impunes” y exhorta a los Estados a investigar y castigar judicialmente a los autores y resarcir a las víctimas.
Obstáculos del Gobierno a la creación de medios de comunicación comunitarios
La segunda denuncia realizada por ReCM y FeSP en este informe se refiere al incumplimiento tanto del Gobierno central como de los gobiernos autonómicos de la normativa de 2010 que obliga al reconocimiento de las “emisoras comunitarias”, radios y televisiones sin fines de lucro promovidas por organizaciones de la sociedad civil.
La normativa en cuestión es la Ley General 7/2010 de Comunicación Audiovisual, que establece que “todas las personas tienen derecho a que la comunicación audivisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad”,
Las organizaciones sociales tienen derecho a recibir licencias de radio y televisión pero no solo se les está impidiendo acceder a dichas licencias –ya que la elaboración de los reglamentos exigidos por la norma ha sido paralizada por el Gobierno– sino que además están recibiendo sanciones por emitir sin licencia, a pesar del Recordatorio de deberes legales que el Defensor del Pueblo elevó al Gobierno en 2012 tras la denuncia de numerosos colectivos sociales.
El informe recoge casos de “numerosas emisoras comunitarias que han sufrido presiones por parte de distintas administraciones (estatal, autonómica y local) para que cesen sus emisiones por carecer de licencia, licencia que no pueden obtener por incumplimiento de la ley por parte del Gobierno”. Las emisoras se enfrentan en algunos casos a multas de cientos de miles de euros.

martes, 2 de septiembre de 2014

Entrevista al colectivo gallego "Nais contra a impunidade":

Entrevista por parte de la revista "Pikara" a Carmen Castro, madre de Diego viñas, Pastora González, madre de Xose Tarrío, Lola Riveiro, madre de Noelia Cotelo y Fran buey, todas pertenecientes al colectivo gallego con el que hemos compartido cenadores, conversación y charlas "Nais contra a impunidade":


Entrevista en Judici a la Justicia en Radio Bronka (23/07/2013):

Hoy queremos volver a compartir el podcast de la entrevista realizada sobre el caso de David Blanco que recibimos el pasado 23 de Julio de 2013 por parte de los integrantes del programa catalán Judici a la Justicia, programa que se emite los martes cada quince días, de 19:00h a 21:00h en directo desde Radio Bronka.
Para los que solo quieran escuchar la entrevista os hacemos saber que esta comienza a partir del minuto 16.
Sin más dilación os dejamos el enlace:


Para escuchar la entrevista picha aquì

Una nueva muerte por sobredosis en la prisión de Topas (Salamanca):

Tenemos constancia de una nueva muerte por sobredosis esta vez en la prisión de Topas (Salamanca). Se trata de R. R. C. de 28 años de edad y natural de Salamanca. El día 29 era sacado del módulo 12 (módulo de  respeto) y fallecía el día siguiente a causa de una sobredosis.
En España existe un promedio de 201 muertes en prisión cada año. La estadística pone de manifesto que las muertes por sobredosis suponen el 22,3% del total de fallecidos, y que las muertes por suicidio se elevan al 11,3% de los casos. Teniendo en cuenta la gran relación existente entre muertes por sobredosis y conductas suicidas, resulta sobrecogedor el elevado índice de fallecidos por ambos conceptos.
Este hecho es sumamente grave, por un lado porque la administración penitenciaria debe velar por la vida, integridad y salud de los internos y está claro que no lo consigue de forma efectiva; y, por otro, porque la Constitución Española en su artículo 25 dispone que las penas privativas de libertad deberán estar orientadas a la reeducación y reinserción, resultando absolutamente imposibles dichos objetivos si en un lugar cerrado y repleto de drogodependientes la droga puede adquirirse con facilidad.
A esto se le añade que no es posible endurecer los controles de seguridad hasta el límite, pues ello violaría derechos básicos y fundamentales de las personas presas.
En relación a las personas condenadas según el Código Penal actual, el 43’17% cumple condena por delitos contra el patrimonio (robos y hurtos), mientras que el 27’72% lo hace por delitos contra la salud pública (fundamentalmente, “menudeo” de drogas). Su perfil es de escasa peligrosidad., a pesar de lo cual la Justicia les tiene destinadas penas desproporcionadas, comparadas con los grandes defraudadores que ponen en peligro a todo un Estado, cuya única respuesta en muchos casos es la impunidad. Así, es muy frecuente que las personas con problemas de drogodependencias sean sentenciadas a condenas largas, lo que les impide el acceso a determinadas medidas alternativas a la prisión como la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. De la misma manera, el hecho de cometer varios pequeños delitos continuados las convierte en reincidentes, lo que puede agravarles aun más la condena recibida y/o convertirse en un obstáculo para acceder a medidas alternativas a la prisión.
La prisión no es un espacio en el que se pueda realizar un tratamiento terapéutico adecuado, sino que, al contrario, empeora la situación de las personas con problemas de drogas hasta llegar a extremos dramáticos como el de las muertes en prisión. Destacamos la responsabilidad de la administración teniendo en cuenta el absoluto y completo fracaso de la prisión como media resocializadora de las personas pesas, pudiendo afirmarse que la finalidad que juega la cárcel actualmente no es otra que contribuir a la destrucción psíquica y fisica de las personas que la padecen.

viernes, 29 de agosto de 2014

19 presos en huelga de hambre en la cárcel de Senillosa (Nequén/Argentina):

Reclaman que no están recibiendo educación, que la comida está en malas condiciones, que pasan frío, no hay calefacción, y que a sus familiares les cuesta un triunfo llegar hasta allí. Mientras las autoridades vienen vendiendo desde tiempo las características “europeas” y “lujosas” de la nueva prisión en Senillosa, inaugurada el pasado 1 de julio, la realidad es que las condiciones son pésimas. Uno de los reclamos está basado en que no pueden continuar con sus estudios, ya que se interrumpió el dictado de clases para el ciclo superior y los talleres no funcionan. El impedimento de contacto con sus familias es también un método de tortura, sea por el motivo que fuere. La medida tomada casi por la mitad de los presos encerrados en el nuevo edificio carcelario comenzó el lunes pasado y continuará hasta que reciban una respuesta a sus necesidades.


miércoles, 27 de agosto de 2014

Imputado el jefe de la Guardia Civil de Corella por “torturas y prevaricación”:

La Unión de Guardias Civiles habla de “enfrentamiento interno” en el cuartel y denuncia la pasividad de los altos mandos.




El juzgado de instrucción número cinco de Tudela ha abierto diligencias contra el sargento comandante del cuartel de la Guardia Civil de Corella al que le imputa los delitos de “falsificación en documento oficial, omisión del deber de perseguir delitos y/o encubrimiento realizado por funcionario público, abuso en el ejercicio de su función y libertad sexual, prevaricación, delito contra la salud pública en grado de encubrimiento, de torturas y contra la integridad moral de carácter grave y por violación de las garantías constitucionales”.
Así lo dio a conocer ayer en Tudela la Unión de Guardias Civiles (UGC) que se ha presentado en el juicio abierto como “acusación popular” dado el silencio que han mantenido los altos mandos de este cuerpo en Navarra, que pese a conocer los hechos denunciados desde hace tiempo han mostrado una “falta de interés flagrante”, según indicó el secretario general de este colectivo a nivel nacional, Ramón Rodríguez Prendes. De hecho, el abogado de esta asociación, además de presentar estas acusaciones también tiene previsto “exigir responsabilidades al capitán del puesto de Tudela y al coronel jefe de la Comandancia de Navarra” por su inhibición en este asunto. El secretario de la UGC en Navarra, Antonio Benítez, aseguró que el capitán de Tudela recibió el 5 de octubre de 2012 un “sobre cerrado en el que ya se hablaba de la comisión de un delito de falsedad documental de este sargento de Corella” pero no actuó y el procedimiento fue iniciado por la Policía Judicial de Tudela. “No nos consta que el capitán de Tudela haya entregado esa información al juzgado después de dos años”.
Según denuncia la Unión de Guardias Civiles la situación que se vive entre los agentes de Corella es de “convivencia imposible” con el mando, con un “enfrentamiento abierto” dado que el “jefe de la unidad es un elemento tóxico para la propia unidad y también para la población de Corella”, indicó Rodríguez. De hecho algunos de estos delitos que le imputan se han cometido con “ciudadanos civiles como víctimas y no solo agentes. Hay vecinos afectados y también agentes”, confirmó Benítez.
Como muestra, recordaron que “hace un año todos los componentes de la plantilla de Corella fueron citados al gabinete psicológico de Pamplona para pasar una revisión pero después no se actuó ni se hizo nada. La convivencia en Corella es imposible, más de un ciudadano se habrá dado cuenta del clima de crispación que hay”.
Desde hace años UGC viene repitiendo que su único objetivo al dar a conocer estos hechos a la opinión pública tras la inactividad de los altos mandos, es que “se establezcan medidas cautelares para apartar de sus funciones al jefe de la unidad de Corella”, además de que “se deje trabajar a la justicia”, algo que apuntaron tampoco se estaba dejando hacer.
CRISPACIÓN En la rueda de prensa de ayer, los representantes de la Unión de Guardias Civiles recordaron que aunque la mayoría de los delitos que se le imputan son en un plazo breve “otros se remontan a 2006 o 2007 como los de torturas”. En este sentido, dado que la instrucción y el caso está abierto no quisieron dar más detalles de estas acusaciones ni tampoco de los delitos “contra la salud pública en grado de encubrimiento”. “Todas las responsabilidades que se piden son penales pero al ser Guardia Civil, si se confirman, luego tendrán otro juicio”, concluyó Rodríguez.
El sargento, comandante del puesto de Corella lleva en el cargo alrededor de 9 años y tiene a su cargo a 14 agentes que, según la UGC, están viviendo una situación insostenible. Incluso alertaron ante la posibilidad de que se puedan producir enfrentamientos peligrosos por la tensión actual. “Nos preocupa porque nuestras herramientas de trabajo son armas y cuando hay ese grado de crispación tan elevado la preocupación es directamente proporcional a la gravedad de los hechos que, ojalá no sucedan, pero que evidentemente pueden suceder. Un mal momento lo puede tener cualquiera y nos preocupa”.
COACCIONES A TESTIGOS La denuncia primera procedió de un agente de Corella que, por amistad lo comentó a otro de la Policía Judicial de Tudela. “Fruto de la investigación de la Policía Judicial de Tudela se llega a la conclusión de que hay más materia. Pasa a la Policía Judicial de Pamplona, en la que el alférez tiene una relación de amistad con el suboficial de Corella y posiblemente por este motivo la información que pide el juez le llega con cuentagotas”.
Ramón Rodríguez y Antonio Benítez llegaron a hablar ayer de “coacciones a testigos”, “aunque esperamos que estas informaciones que nos llegan no sean ciertas. Parece que los testigos de estos delitos están siendo presuntamente coaccionados por el propio suboficial de Corella”. Dentro de estas presiones también apuntaron las que sufre un “suboficial destinado en el grupo de apoyo las tecnologías de la información en Pamplona”, que le ha llevado a estar de baja psicológica durante varios meses y que “sigue siendo coaccionado por sus propios mandos”.
Pese a la situación preocupante que se puede crear en Corella con la máxima autoridad de la Guardia Civil imputado en varios delitos, incluidos los de torturas, los representantes de UGC negaron que se pudiera hablar de estar generando “alarma social. Queremos alertar de los pasos que estamos dando y del nulo interés que muestra la Guardia Civil de Navarra”.
EN CORTO
Defensa de su trabajo. “Los guardias civiles sabemos cómo tenemos que trabajar y somos la institución más valorada del estado. No hacemos mal nuestro trabajo. Esto es una situación especial y excepcional”.
Objetivo principal. “Nuestra intención es dar una solución viable en tanto no haya una sentencia firme y que este jefe de la unidad de Corella quede apartado de sus funciones de forma cautelar”.
Vigilantes. “Esperamos que algo cambie, si no UGC vamos a seguir vigilantes y tomaremos las medidas oportunas”.
LA CIFRA
14
Son los agentes que están adscritos al cuartel de Corella y que denuncian la “convivencia imposible” que se vive en la ciudad del Alhama.

Interior gasta este verano más de medio millón de euros en material antidisturbios:

El Ministerio de Jorge Fernández Díaz equipa a las UIP con nuevos cascos, chalecos, escudos y protectores de piernas a pesar de que los incidentes en manifestaciones han disminuido en los últimos meses.
Mientras la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, sostiene que los incidentes en manifestaciones han disminuido por "una mayor concienciación por parte de los ciudadanos sobre el trabajo que tiene que realizar la Policía", el Ministerio del Interior ha gastado este verano 586.608 euros en dotar a las Unidades de Intervención Policial (UIP) con nuevo material antidisturbios.

Durante los tres meses de estío, el Gobierno ha adquirido 400 cascos por valor de 156.816€ y 448 chalecos de protección antigolpes por 154.492,80€ a la empresa FEDUR, S.A; 1.395 protectores de piernas a Total Control Handcuffs, SLU por 162.043,20€ y 1.248 escudos a ECOYMA por 113.256€. 

Interior ya anunció esta compra tras las Marchas de la Dignidad del 22-M, donde un elevado número de agentes resultaron heridos. Sin embargo, este altercado es el único incidente grave registrado en 2014 según la delegación del Gobierno. De hecho, las manifestaciones en la Comunidad de Madrid han descendido en un 38% en lo que va de año. En los siete primeros meses, se contabilizan 1.856 protestas, lo que se traduce en 1.139 menos que en el mismo periodo en 2013. Cifuentes atribuye estos datos a una mejora de la economía y a que los "grupos antisistema han decidido participar del sistema y pasar a ser casta".

El año pasado los presupuestos generales del Estado aprobados por el Gobierno para la compra de Material Antidisturbios y Equipamientos Específicos de Protección y Defensa ascendían a 3,26 millones de euros, una cifra desorbitada si se compara con los 173.670 euros invertidos en 2012.

El Ministerio del Interior apuntó en 2012 que desde ese año y hasta 2016 la inversión prevista para reponer y modernizar el material que utilizan los policías antidisturbios alcanzaría los 10,02 millones de euros.

martes, 26 de agosto de 2014

La Policía carga contra los manifestantes durante la visita de Merkel a Santiago de Compostela:


Agentes de la Policía Nacional han cargado contra los cientos de manifestantes que se han congregado, a partir de las 11,00 horas, en la Plaza de la Quintana contra los recortes de la UE, tras intentar entrar estos últimos en la Plaza del Obradoiro.De hecho, algunas de las personas que se estaban manifestando han caído al suelo como consecuencia de las cargas policiales. Por su parte, agentes de la Policía Nacional han pedido refuerzos. 


Fueron tres filas de policías las que impidieron la entrada a la compostelana Plaza del Obradoiro, mientras los manifestantes intentaban pasar gritando consignas como "A nuestra plaza queremos pasar", "Queremos trabajar y no emigrar", y "'Merkel, Rajoy, fuera de Galicia". No puede ser, obreros en la cárcel y corruptos en el poder Estas cargas policiales se han producido en la manifestación convocada por el BNG, en la que también participaron otros colectivos sociales como el Sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG) y varias plataformas de emigrantes retornados, contra las políticas de la UE coincidiendo con la visita de la canciller alemana, Angela Merkel, a Santiago. En el forcejeo, mientras algunas personas seguían intentando acceder bajo consignas como "Más trabajo y menos policía", "No puede ser, obreros en la cárcel y corruptos en el poder" o "Libertad de expresión", varias personas cayeron al suelo ante la carga policial, y el portavoz municipal del BNG en Santiago, Rubén Cela, recibió un porrazo en la cabeza. La protesta se trasladó a la plaza de Fonseca, mientras algunas personas increpaban a la policía con frases como "Os va a condecorar Franco". Durante la manifestación también se escucharon gritos en alemán y una pancarta de colectivos de emigrantes retornados en la que se podía leer, en el mismo idioma, "Europa nos dio trabajo y España nos roba lo ahorrado". Una protesta "ilegal" El delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, ha afirmado que la manifestación convocada por la CIG y el BNG era "ilegal". Juárez ha recordado, en declaraciones a los informadores, que es necesario comunicar la realización de cualquier protesta para organizar el protocolo de seguridad. "Simplemente" eso, que es "algo obvio", ha apuntado, pero que en este caso no ha sucedido, cuando "lo menos que se puede pedir a un partido político parlamentario y a un sindicato es que cumplan la ley". "En España existe una legislación que concede gran libertad a los ciudadanos para manifestarse y expresarse", ha añadido. En este sentido, ha asegurado que los convocantes de la manifestación no son "para nada marginales" y que es necesario exigirles unos trámites mínimos para respetar los cauces legales en los plazos establecidos. Juárez ha explicado que debido al carácter ilegal de la manifestación, la policía impidió el acceso de los participantes a la plaza y ha lamentado que en "algún forcejeo" resultasen heridas algunas personas. Asimismo, ha mostrado su pesar porque algunos de los manifestantes ejercieran "la violencia en la calle contra la policía que está cumpliendo" con su trabajo, ha dicho.



La Audiencia de Barcelona condena al subinspector que golpeó a David Fernández en una carga en 2011:

La sentencia condena al mosso por una falta y no un delito, además de constatar que en el momento de la agresión el actual diputado de las CUP no opuso resistencia.

La Audiencia de Barcelona ha condenado por lesiones dolosas al subinspector de los Mossos d'Esquadra que golpeó al ahora diputado autonómico de la CUP David Fernández durante el desalojo de plaza Catalunya del 27 de mayo de 2011.
Según fuentes cercanas al caso, la Audiencia condena a Jordi Arasa a pagar una multa de 225 euros y una indemnización de 200 euros.
El titular del juzgado de instrucción número 4 de Barcelona había absuelto al subinspector al estimar que su actuación fue proporcionada, aunque advirtió que el policía propinó a Fernández más golpes seguidos de lo previsto en los protocolos del uso de porras.
David Fernández, que cuando ocurrieron los hechos todavía no era diputado de la cámara catalana, denunció en el juicio que el subinspector —a quien identificó porque llevaba la visera del casco levantada y porque le conoce de otras operaciones policiales dado su oficio de periodista— le propinó 11 golpes en el brazo y en la pierna en apenas 40 segundos y una patada en la tibia.

Tras la sentencia absolutoria, el ahora diputado de la CUP decidió recurrir a la Audiencia de Barcelona que, finalmente, ha condenado al subinspector por lesiones dolosas.
Esta causa es el único episodio del desalojo de indignados de la plaza de Catalunya que llegó a juicio, ya que el juez instructor archivó la causa abierta a raíz de la querella presentada por una cincuentena de personas. Sin embargo, Arasa está denunciado por otras diez personas.
El agente fue absuelto por la vía penal en noviembre del año pasado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona de las presuntas faltas de lesiones y vejaciones por las que le denunció el mismo Fernández y por las cuales también le reclamaba 1.300 euros en multas e indemnizaciones.
Para el abogado de David Fernández, Jaume Asens, la sentencia es una "crítica a los mossos" y "pone en cuestión el uso de la fuerza y el operativo policial del 27-M". El fallo, que llega una semana después de que la Audiencia Nacional haya absuelto por falta de pruebas a 18 de los 19 acusados por el asedio al Parlament en junio de 2011 es, para el abogado, "una victoria para las asociaciones pro derechos humanos" y "un empujón para investigar los demás hechos en instrucción". La Audiencia avaló "cierto exceso" en las protestas como expresión de un derecho fundamental que se integra "en el núcleo de la democracia, en el corazón del sistema".
Es por eso que Asens considera que ahora "llueve sobre mojado" y que la sentencia de la Audiencia de Barcelona obliga a la consejería de Interior a actuar, por ejemplo, abriendo un expediente al subinspector. "Este fallo sirve para emitir una señal de lucha contra la impunidad". Según el abogado, "deberían saltar todas las alarmas cuando en tan poco tiempo dos tribunales señalan la ligereza y la falta de diligencia" de los Mossos d’Esquadra a la hora de sofocar las movilizaciones. 

domingo, 24 de agosto de 2014

Un preso de A Lama inicia huelga de hambre denunciando los maltratos que se dan en el aislamiento:

Nos llega la siguiente información del grupo de apoyo a presos de Galiza-Sur:
El compañero Emilio Sánchez del Peso, preso en la cárcel de Pontevedra, A Lama, se ha puesto en huelga de hambre el 14 de agosto en protesta por los malos tratos y torturas que están recibiendo los presos en el “Bunker”, o modulo de islamiento.
Emilio es un preso social y libertario, integrante de la Campaña Contra Las Torturas Y Malos Tratos En Prisión (Cárcel=Tortura), al que le queda menos de 2 años y medio para salir en libertad total, pero su voluntad luchadora hizo que nunca tuviera permisos y que nunca fuera progresado a 2º grado.
En cambio, si que pasó muchas veces por aislamiento. La última vez que estuvo en el bunker fue cuando murió Gaviotu hace 2 meses y medio denunciando aquella vez lo que para él era un asesinato, ya que habló con él la noche anterior a su muerte.
Personalmente a él no le torturaron esta vez, pero no puede seguir viendo la brutalidad de los carceleros sin hacer nada. Además hace la huelga en solidaridad con el preso J. S. que está sufriendo malos tratos y torturas desde hace meses en el ala corta del bunker de A Lama ( así es como llaman ellos a la zona de aislamiento dentro de aislamiento). También hace esta huelga para recordar a lxs demás presxs que o luchan ellxs mismxs o nadie lo hará en su lugar, animando a una lucha conjunta de presxs de todas las cárceles del estado y a lxs compas de la Campaña a que se decidan acciones conjuntas pronto para darle el empujón que la campaña precisa.
Por cada día que pasa en huelga, pierde 1 kilo aproximadamente y se encuentra muy débil. Los carceleros riense cada vez que lo ven y en la visita del médico sólo le pesan. Está haciendo varias denuncias de la situación de lxs presos en aislamiento y pide que los grupos de apoyo y la gente sensible haga las acciones que vean oportunas.
Nosotras por nuestra parte, proponemos una campaña de envío de cartas a Emilio, para que sienta el apoyo y que los carceleros sepan que si tocan a unx nos tocan a todxs.
HASTA QUE TODXS SEAMOS LIBRES!!!!
ABAJO LOS MUROS!!!!



sábado, 23 de agosto de 2014

Camisetas en apoyo a la reapertura del caso de David:

Seguimos disponiendo de camisetas de diferentes tallas, en los colores blanco y negro, en apoyo a la reapertura del caso de la muerte de David. Todos los que en su día hicisteis la reserva y no concretasteis el pago y el envío poneros en contacto con nosotros por favor. Nos parece un asunto lo suficientemente serio como para tomárselo en broma. Los que queráis alguna camiseta y no sepáis como contactar podéis hacerlo a través de nuestro perfil de facebook: https://www.facebook.com/david.blanco.5  o de nuestro correo electrónico reaperturadavidblanco@gmail.com
Un saludo.







viernes, 22 de agosto de 2014

Libertad inmediata para Noelia Cotelo Riveiro:


Noelia Cotelo Riveiro lleva privada de libertad, bajo estrictos regímenes de aislamiento,7 años. Entró para cumplir dos años y cuatro meses  pero la actitud poco sumisa hacia sus torturadores y la valiente denuncia de los abusos y violaciones que ha sufrido en diversas cárceles del Estado Español, entre ellas la de Brieva y Picassent, han hecho que aumentara su encarcelamiento sumándosele cuatro nuevas condenas. Su abogado ha denunciado públicamente que Noelia vive presa en unas condiciones que violan el régimen penitenciario y la ley orgánica penitenciaria general.

Se le ha denegado la asistencia médica a pesar de padecer, por sus condiciones carcelarias, graves infecciones
En estos momentos Noelia, por su valiente y heroica denuncia de estas violaciones y torturas, se encuentra represaliada en el C.P. de Albolote (Granada), a más de 1000 km. de su tierra, Galicia.
Que se termine con la impunidad y complicidad de médic@s, juezas/ces, psicólog@s, asistentes sociales y demás funcionariado acólito de estas prácticas.

jueves, 21 de agosto de 2014

Un vídeo muestra cómo la Policía mata a otro joven negro en Misuri:

Apenas una semana después de la muerte de Brown, los agentes dispararon a otro joven afroamericano a apenas seis kilómetros de Ferguson, epicentro de las protestas raciales. En la grabación no se aprecia que fuera armado.

Un vídeo vuelve a poner en el punto de mira a la Policía del condado de San Luis, en Estados Unidos, que ha matado a dos jóvenes negros en menos de dos semanas. Apenas unos días después de que el agente de policía Darren Wilson disparara a Michael Brown a pesar de ir desarmado, se conocía el caso de otra joven víctima mortal afroamericana a sólo seis kilómetros de distancia de Ferguson, la ciudad epicentro de las protestas, en el estado de Misuri.
En un primer momento las autoridades sólo explicaron que el joven -de quien no facilitaron su identidad- intentó robar en una tienda de comestibles armado con un cuchillo. La versión policial afirmaba que, tras darle el alto para que soltara el cuchillo, el sujeto intentó atacar a un agente, que le disparó, muriendo en el acto

Este jueves se ha conocido la identidad del sujeto: Kajieme Powell, de 25 años, segúnpublican varios medios estadounidenses. Un vídeo grabado con el teléfono movil por un testigo de los hechos fue colgado en Youtube. En él se aprecia al joven antes de ser abatido por los 12 disparos que practicaron los agentes.
También se ve cómo Powell desobedece las órdenes de los policías y comienza a caminar hacia ellos gritándoles "¡Disparadme, disparadme ya!", aunque en la grabación no se aprecia ningún arma. 
Al parecer, Powell había sustraído dos bebidas energéticas y unos donuts de la tienda, y el encargado había llamado a 911. Éste es el segundo joven negro al que la Policía del condado de San Luis dispara y mata durante su actuación por un delito menor.
Durante las acaloradas protestas, que han dejado cientos de detenidos y algunos heridos de bala, la Policía de Los Ángeles mataba a otro joven afroameriacano: Ezell Ford, de 25 años y con una discapacidad psíquica. Al igual que Brown, Ford iba desarmado y estaba tumbado en el suelo, siguiendo órdenes del agente, cuando recibió varios disparon del arma del policía.

El Supremo eleva a dos años de cárcel la condena a un 'mosso' que puso una multa falsa a un conductor para vengarse:

***Aviso para la prevención de euforias pasajeras***
Conviene recordar que este tipo de sentencias no suelen ser más que lábados superficiales de cara y que disponen de su propia cárcel dentro de la cárcel. Eso en el supuesto de que lleguen a encerrarlos realmente...

A continuación puede leerse la noticia:
El Tribunal Supremo ha elevado a dos años de cárcel la condena impuesta a un agente de los Mossos d'Escuadra por poner una multa falsa de tráfico a un conductor con el que antes había discutido. El policía le sancionó por hablar por teléfono en la autopista sabiendo que no era cierto.
   La Sala de lo Penal ha aumentado de un año y diez meses a dos años de prisión la condena que dictó el pasado noviembre la Audiencia Provincial de Barcelona por un delito de falsedad en documento oficial.
   El alto tribunal ha aumentado la pena al considerar que José Rodríguez cometió el delito abusando de sus funciones públicas, aunque aplica la atenuante de dilaciones indebidas porque su procedimiento se demoró durante más de seis años en los tribunales, la mitad del tiempo paralizado al estar pendiente de la decisión de un juez sustituto sobre una petición de nulidad.
   La sentencia declara probado que este agente de los Mossos d'Escuadra emitió una denuncia falsa por una "inexistente" infracción de tráfico para vengarse de los ocupantes de otro vehículo con los que había discutido en el aparcamiento de un centro comercial cuando no estaba de servicio.
LA HIJA ANOTÓ LA MATRÍCULA DEL MOSSO:
La hija del conductor anotó la matrícula del acusado cuando la riña había finalizado. Este elemento junto al número de identificación del agente que emitió el boletín de denuncia y las declaraciones de varios testigos fueron tenidas en cuenta para condenarle.
   La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido, determina que la actuación de un ciudadano para indagar en la identidad de un agente que ha abusado de su función no vulnera la intimidad del "falso denunciante".
   "Una concepción extravagante de la intimidad no puede amparar a los agentes públicos para abusar de los ciudadanos, denunciándolos falsamente protegidos por un injustificado anonimato, como si subsistiesen todavía en nuestro país las ominosas prácticas de la Inquisición", advierte.
   Así pues, afirma que el derecho a la intimidad es limitado y no ampara el anonimato de los agentes de la autoridad frente a los ciudadanos víctimas de sus abusos.
   "El ciudadano perjudicado por un hecho delictivo cometido por un agente de la autoridad, con abuso de su oficio, puede realizar gestiones personales para identificar al responsable público de ese delito, sin que ello afecte a la validez posterior de las pruebas practicadas en el procedimiento judicial, pues dichas gestiones son lícitas e imprescindibles en un Estado de Derecho", concluye.

Video de nuevas agresiones policiales en Melilla:

Imágenes durísimas y gravísimas que llegan de nuevo desde Melilla. Las responsabilidades de esta situación delictiva han de depurarse. Hemos de lograr parar la situación que se está viviendo en Melilla. 
Enhorabuena al trabajo de Prodein y a los compañero de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura por darle la difusicón que merece.

Hemos tenido problemas para procesar el video.
Para visionarlo pincha aquí


Amaia Egaña se quita la vida en Barakaldo cuando iban a proceder al desahucio de su vivienda:

Una mujer de 53 años ha fallecido el pasado 09/11/2012 en Barakaldo cuando una comisión judicial iba a proceder al desahucio de su vivienda. Al parecer, la mujer se ha encaramado a una silla y se ha arrojado al vacío desde el cuarto piso del inmueble, falleciendo en el acto.
La portavoz del Gobierno de Lakua, Idoia Mendia, ha informado de que la fallecida es Amaia Egaña, esposa del exconcejal del PSE de Barakaldo José Manuel Asensio, que ha sido atendido en el lugar por sicólogos. La víctima vivía en el domicilio junto a su marido y el hijo de ambos de 21 años de edad. Era natural de Eibar, donde fue edil del PSE en los años 80, hija de Ramón Egaña, histórico militante de esa formación en Gipuzkoa.
Según han informado Efe y Europa Press, que citan fuentes del Departamento de Interior, los hechos se han producido sobre las 9.20 en un inmueble del número 11 de la calle Escuela de Artes y Oficios de Barakaldo y, pese a que al lugar se ha trasladado una ambulancia, los facultativos no han podido hacer nada por salvar su vida, ya que la mujer ha fallecido en el acto.
La vivienda se encuentra en la zona baja de Barakaldo, junto al Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda (Cedemi).
Pasadas las 11.00 horas, el juez de guardia ha ordenado el levantamiento del cadáver y su traslado al depósito forense.
El alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, acompañado de varios concejales de la localidad vizcaina, ha acudido al lugar de los hechos. También se han desplazado hasta Barakaldo miembros de Stop Desahucios y Sendia.

miércoles, 20 de agosto de 2014

Tres presos del CIE de Zapadores (Valencia) denuncian paliza e insultos racistas de los policías que les vigilan.:

Tres internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores han denunciado en la última semana haber recibido agresiones físicas y verbales por parte de agentes de Policía. Abderrahmane Hadik, de 21 años, Ahmed Zerwal, de 26 años, y Ayoub Bekkach, de 19 años, ciudadanos de origen marroquí que se encuentran detenidos en el CIE de Valencia, han puesto en conocimiento del juzgado y la recién estrenada Fiscalía de Igualdad de Trato y No Discriminación el “acoso” y las “vejaciones” que están sufriendo desde su internamiento, y ante los que poseen numerosos testigos, según explican en su propia declaración.
En este sentido, Hadik denunció el pasado 3 de agosto ante el juzgado de instrucción número 7 de Valencia que, ese mismo día, durante la hora del desayuno, un agente de policía -que hacía alusiones continuas y despreciativas a su olor corporal y origen étnico- le golpeó en el vientre, genitales, piernas y brazos, con la colaboración de otro que le inmovilizó sujetándole por el cuello. Después, cayó al suelo y fue arrastrado por el pasillo mientras continuaban golpeándole. Asimismo, denuncia recibir insultos como “moro de mierda” a diario, por parte de los agentes y que éstos le deshacen la cama y le tiran sus pertenencias al suelo. Ambos agentes carecían de identificación en el momento de las agresiones, aunque, en su denuncia, Hadik los describe físicamente y asegura poder reconocerlos con facilidad y más adelante, en una ampliación de la denuncia, aporta su número de placa.
Por otra parte, Zerwal denunció el pasado 8 de agosto ante el juzgado de instrucción número 12 de Valencia haber recibido agresiones físicas en un par de ocasiones e insultos racistas de forma continua tales como “moro de mierda”, “que te vayas a tu país”, u “ojalá se cerrarán ya todas las fronteras”. Respecto a la violencia física, en una primera ocasión, explica que un agente le despertó golpeándole con la porra. Ante su queja, éste le gritó “¡Si no te callas, te meto la porra por el culo!” e inmediatamente después le propinó una bofetada. Más adelante, en una segunda ocasión, mientras recogía ropa del suelo, un agente le tiró al suelo de una patada y le amenazó con la porra. Además, según explica el ciudadano marroquí, sospecha que este es el agente que también tira continuamente sus pertenencias al suelo y deshace su cama, casi a diario, como también denuncia Hadik.
Por último, Ayoub Bekkach explica en su denuncia que, el pasado 1 de agosto, dos internos discutieron sin que llegasen a pelearse y la policía avisó a los antidisturbios. Bekkach, que se encontraba en el comedor hablando con un compañero, cuestionó que un agente le mandara callar y a continuación lo sujetaron entre varios antidisturbios y le sacaron del comedor a empujones, le golpearon en repetidas ocasiones y le llevaron a la celda de aislamiento. Tras la paliza, tuvo que recibir asistencia médica en el Servicio de Urgencias del Hospital Peset por fuertes contusiones en la muñeca y la rodilla.
Los tres denunciantes han solicitado que se investiguen las grabaciones del sistema de vídeo vigilancia de los días y las horas señaladas, que se llame a declarar a los agentes identificados, que se proceda a la suspensión cautelar de funciones de éstos hasta el esclarecimiento de los hechos, que se suspenda cautelarmente la expulsión de las víctimas hasta que se esclarezcan los hechos, que se llame a los denunciantes a declarar y que testifiquen los internos que se encontraban en el lugar donde ocurrieron los hechos.
Desde la Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros, hemos documentado que, en el último año, además de estas tres, las personas internas en Zapadores han interpuesto más de treinta denuncias ante el juzgado por presuntas agresiones policiales. Una situación insostenible ante la que exigimos que se tomen medidas inmediatas para garantizar que hechos tan graves como estos no vuelvan a suceder y que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para garantizar una investigación real de lo sucedido sin que se perjudique a las personas que ha interpuesto las denuncias, ni a los testigos presenciales.

Para acceder a la noticia pincha aquí

Mustafa Meziani muerto en la cárcel de Fez (Marruecos)después de 72 días en huelga de hambre:



El 13 de agosto murió en la cárcel de Fez, después de 72 días en huelga de hambre, Mustafa Meziani, estudiante de 31 años, militante del partido Annahj Addimocrati (Vía Democrática). Protestaba por su detención, la cual consideraba como un “castigo por sus actividades políticas”, y denunciaba la negativa de las autoridades marroquíes a permitirle la inscripción en la universidad. El compañero marroquí que nos ha enviado la noticia, nos informa de que ha entrado en erupción un verdadero “volcán en las cárceles marroquíes: huelgas de hambre y actos de protesta de los diferentes grupos de presos políticos para condenar el asesinato”.
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), que ya había interpelado al gobierno por su indiferencia ante el grave riesgo que estaba corriendo la salud del preso en lucha, achaca la responsabilidad de esta muerte a las autoridades de Marruecos. En una carta abierta dirigida al jefe de gobierno, Abdelilah Benkirane, había señalado la “situación inquietante que existe en algunas prisiones del país”, reclamando la apertura de un diálogo con Mustafa Meziani para preservar su “sagrado derecho a la vida”. Después de su muerte, esta asociación ha denunciado la negligencia con que las instituciones del Estado, la jefatura del gobierno, el ministerio de justicia y la administración penitenciaria han tratado las demandas del difunto y recuerda que se ha dirigido a todos ellos para que fuera aceptada la legítima demanda de readmisión en la universidad. En vano, “como si la vida humana no valiera nada para el Estado marroquí que pretende asumir los derechos humanos reconocidos universalmente”.

Para acceder a la noticia pincha aquí

La policía de Madrid se ensaña con un mantero sin razón alguna:


“Los policías le pegaban mientras les explicaba que sufre una minusvalía psíquica del 69%”

Martín Carrillo tiene 39 años y es vecino de Morón  de la Frontera (Sevilla). Hace cinco meses, en la media noche del seis de abril de 2014 este joven viviría un episodio en su vida que nunca podrá olvidar. Se encontraba junto a su pandilla fumando cigarros y bebiendo cervezas en el barrio del Polígono el Rancho.
Carrillo apunta que “muchos jóvenes y hombres mayores de la zona no salen a partir de las doce por miedo a la presión policial que existe”. Aquella madrugada la familia Carrillo no olvidaría el episodio que su hijo menor sufriría en un parque cercano a su casa.
Dos agentes de la Policía Nacional pararon en seco el coche patrulla con el que hacían la ronda. En el barrio comenzaron a escucharse voces de las autoridades que con malos modales pedían su documentación. “¡El DNI, joder, que me enseñéis el DNI!” Martín recuerda cómo uno de ellos le indicó que pusiera las manos sobre el furgón. Comenzaron a pegarle, dice, mientras intentaba explicarles que sufre una minusvalía psíquica del 69%.
Desde el salón de su casa cuenta hoy la historia y se muestra cabizbajo. Con dificultad, y balbuceando, gracias a la ayuda imprescindible de su hermana Mercedes continúa narrando  lo ocurrido. “Cuando estaba dentro del coche los agentes me quemaron el brazo con las colillas de cigarrillo y no paraban de pegarme porrazos sin motivo”. Los agentes sólo gritaban “¡te vamos a matar!”, cuenta.Martín quedaría minutos después inconsciente y no recuerda con claridad cómo llegó al ambulatorio.
“Me tiraban fuertemente de la cola y me decían te la vamos a arrancar”. Hoy se sigue dejando crecer el cabello en señal de valentía, sujetándolo con una gomilla negra. Tras ser trasladado a un descampado de albero y recibir de nuevo varios golpes en los ojos, Martín, detenido presuntamente por no llevar documentación, quedó esposado y con graves heridas dentro de una celda.
Para acceder a la noticia completa pincha aquí

viernes, 14 de marzo de 2014

Despedida de Berkin Elvan joven de 15 años turco muerto a causa de la intervención policial:

Esta foto que podéis observar es una imagen de la despedida de Berkin Elvan el pasado miércoles 12/03/2014. Este chico es el octavo fallecido a raíz las protestas del parque de Gezi.
Este chico ha muerto a los 15 años de edad tras permanecer 269 días en coma a causa de recibir el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en las protestas del pasado mes de Junio.




El tabú de las muertes bajo custodia policial:

Familias de personas que han fallecido bajo custodia y defensores de derechos humanos denuncian el largo período para que estos casos sean investigados y la presunción de veracidad de las declaraciones policiales.

“Diego Viña es ingresado en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil (GC) tras una detención ilegal, ya que no existían indicios de delito. A esta circunstancia se suma el hecho de que la GC se negó a administrarle tratamiento médico y su traslado a un centro sanitario; además desconectaron las cámaras de videovigilancia del calabozo en el que se encontraba Diego”, explicaban en una nota de prensa la Comisión de Denuncia de Galicia (CDG) y la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas (CESPP) el día que las pruebas testimoniales y periciales fueron presentadas en el proceso de responsabilidad patrimonial que se ha abierto en la Audiencia Nacional (AN) por su muerte.
Ese mismo día, familiares de otras personas fallecidas bajo custodia policial y defensores de derechos humanos se concentraban en Madrid para denunciar las muertes que se suceden bajo custodia policial y la dificultad para que éstas sean investigadas de forma rápida y efectiva. “Por fin hay una unión familiar y de afectados, que somos los que tenemos que tener la palabra. Siguiendo el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo, queremos visualizar este problema”, explica Fran del Buey de la CDG. De esta forma, tanto en abril como en mayo, familiares y amistades de Diego Viña, Xosé Tarrio, David Chacón, Miguel del Buey, Antonio Pallas y David Blanco [ver recuadro inferior] se han unido a las últimas visitas a los juzgados que la defensa de Viña ha realizado. “La unión hace la fuerza, y esto es fundamental cuando el Estado nos quiere tapar la boca. De estos casos no se habla en ningún sitio, en los grandes medios se ignoran porque no interesa. Somos basura para ellos”, explica Ermita García, madre de Antonio Pallas, que reconoce que desde que su hijo fue asesinado ya no tiene ganas de seguir viviendo. “Nuestra ilusión es juntar a todas las madres y realizar una marcha a Instituciones Penitenciarias, en Madrid, pero la gente no responde lo suficiente. Tienen miedo”, se lamenta Dominga Pastora, la madre de Tarrio, que se muestra esperanzada, ya que en el caso de Viña todo indica que se va a acabar juzgando a los acusados. En este caso, a su padre y a algunos de sus compañeros del cuartel de la Guardia Civil donde falleció en 2004.

sábado, 8 de marzo de 2014

Charla de los padres de David Blanco en "La Manzorga":

Nos vemos hoy a las 20:00h en "La Manzorga" local situado en el bajo de la C/Carmen Nº 20 de Gijón.
Llevaremos camisetas en apoyo al caso, en colores blanco y negro a 9 euros la unidad, si alguno de los asistentes está interesado en adquirirlas allí las podrá encontrar.
Allí nos vemos.
Un abrazo.


Para ampliar la información sobre las camisetas pincha aquí

jueves, 6 de marzo de 2014

Cambio de horario en la charla del sábado día 8 de Marzo en La Manzorga:

***ATENCIÓN***
El comienzo de la charla del sábado día 8 de Marzo en La Manzorga, Gijón, se retrasa una hora para no incidir en la manifestación que se va a desarrollar en Gijón esa misma tarde.
Allí nos vemos.

miércoles, 5 de marzo de 2014

Cartel de la charla del sábado día 8 en La Manzorga:


Para obtener más información sobre la charla pincha aquí

Continúa hoy el juicio a cinco policías acusados de abusos sexuales a varias personas internadas en un CIE:

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga tiene previsto retomar a partir de este lunes el juicio a policías nacional acusados de presuntos abusos sexuales a mujeres del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la capital malagueña. Así, la vista oral continuará con la declaración de testigos, algunos de ellos también agentes del mismo cuerpo policial.
El juicio comenzó el pasado mes de octubre con las cuestiones previas y la última sesión celebrada hasta ahora fue el pasado 6 de febrero. Así, para este próximo lunes día 3 de marzo está previsto que declaren cuatro testigos. Según las previsiones hasta ahora, la vista oral continuará los días 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18 y 24 de marzo y los días por determinar.
Los hechos investigados sucedieron entre junio y julio de 2006. El fiscal pide en total 27 años de prisión para los cinco procesados. Según su escrito provisional, los acusados organizaron en el CIE en los turnos de trabajo de madrugada "cenas fuera de las habitaciones con las internas en las que bebían bebidas alcohólicas que facilitaban los agentes".
Asimismo, esta acusación pública apunta que "se intimaba con las internas, a las que se les invitaba a asistir a cambio de comida, bebida, tabaco, regalos o usar el móvil", al tiempo que se indica que se creaba un "ambiente relajado de disciplina" que "los procesados buscaban para luego, si llegaba el caso, satisfacer su ánimo libidinoso con las internas".
En este ambiente, señala el ministerio público en sus conclusiones iniciales, supuestamente llegaban a mantener, en algunas ocasiones, relaciones sexuales. Se considera que los acusados actuaron "prevaliéndose de su condición de policía" y se pone de manifiesto que se habría concretado la existencia de ocho actos con trascendencia penal.
En algunos casos, los agentes se dirigieron a las internas, testigos protegidos en la causa, y "se les insinuaron sexualmente", con caricias, rechazando siempre éstas la situación, según se precisa en el escrito de calificación. Otras veces, presuntamente llegaron a tener relaciones sexuales a las que las mujeres habrían dado "su consentimiento por la condición de autoridad" de los procesados.
La Fiscalía de Málaga acusa a los procesados de delitos de abuso sexual con consentimiento viciado, en dos de los casos con acceso carnal, y solicita para ellos diferentes penas de prisión, según la supuesta participación que tuvieron en los hechos, que oscilan entre los dos y los 10 años de cárcel. Todos los acusados han negado los hechos.
El responsable policial que se encargó de la investigación declaró que se encontró "un hilo conductor coherente" en las declaraciones de las mujeres; apuntando que "todo lo que aparecía en esas manifestaciones se intentó comprobar". Una interna aseguró en el juicio que la mujeres aceptaban ir a fiestas y, a veces, mantener relaciones porque si no lo hacían "no nos trataban igual".
Por su parte, una limpiadora del CIE compareció y dijo que ella no vio nada extraño en el tiempo que estuvo trabajando allí, a donde acudía los fines de semana, insistiendo en que no se encontró ni preservativos ni restos de fiestas o alcohol en las dependencias. También declaró otra limpiadora, que dijo no recordar bien lo sucedido.
Asimismo, el que fuera jefe de grupo de los agentes acusados, que fue detenido inicialmente pero quedó fuera del proceso, aseguró que en el interrogatorio que le hicieron cuando fue arrestado sufrió "acoso" y "tales coacciones" que "hubiera firmado cualquier cosa".